[EFE]
Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este viernes el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 aprobado por la Cámara de Diputados, asegurando que prioriza los programas sociales, la salud, la educación y el desarrollo de infraestructura, pese a las críticas por recortes en algunas áreas.
“Para que no haya ninguna duda, hay recursos para salud, para educación, para garantizar todos los programas de bienestar y su actualización, para los trenes, para carreteras, para las obras de agua”, afirmó en su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional.
El presupuesto también incluye tres nuevas iniciativas sociales: la extensión de la pensión para mujeres de 60 a 64 años, becas para jóvenes de educación pública -desde la básica y hasta la media superior- y un programa de atención médica domiciliaria para adultos mayores y personas con discapacidad.
En materia de salud, Sheinbaum desmintió las afirmaciones de que existe una reducción presupuestaria en este rubro y aseguró que el presupuesto fortalece el (Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, que atiende a la población sin seguridad social, y el sistema público de salud en general.
También adelantó que se iniciará la instalación de farmacias comunitarias del programa Bienestar a mediados de 2025 para garantizar el acceso a medicamentos gratuitos.
En el ámbito educativo, el PEF contempla la construcción de nuevas preparatorias y campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en distintas regiones del país, además de recursos adicionales para la creación y fortalecimiento de universidades públicas.
Asimismo, el presupuesto destina recursos significativos para proyectos de infraestructura, incluidos trenes, carreteras y mejoras en el abastecimiento de agua potable.
Además, aseguró que el presupuesto contempla todos los recursos necesarios para la elección judicial del próximo año, garantizando un proceso transparente y equitativo.
Sin embargo, ha criticado al Instituto Nacional Electoral (INE) por exigir más recursos y limitar la instalación de centros de votación, así como la transparencia en el ejercicio de los recursos para la elaboración del proceso comicial.