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Ciudad de México.- Por años José Portillo Gil, alias “El Chueco”, vivió en medio de una rampante impunidad a pesar de tener órdenes de captura por varios crímenes y mantuvo sometidos a los miles de habitantes de la sierra de Tarahumara, muchos de ellos indígenas, mientras se paseaba tranquilamente por las calles y hasta se jactaba de patrocinar un equipo de béisbol local.
Su más reciente crimen, el asesinato a balazos de los jesuitas mexicanos Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar y un guía turístico en un templo de la comunidad de Cerocahui, en Chihuahua, lo colocó esta semana en la palestra pública nacional convirtiéndolo en uno de los criminales más buscados de México por el que se ofrece una recompensa de unos 250.000 dólares por información que lleve a su captura.
La abierta impunidad en la que vivía Portillo Gil fue cuestionada el jueves por el propio mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien admitió que era “muy sospechosa” la “vida normal” que tuvo por años el presunto agresor de los sacerdotes, a pesar de tener órdenes de captura pendiente desde el 2017 por un ataque contra la sede de la Agencia Estatal de Investigaciones en Urique, y luego en el 2018 al ser señalado como el principal sospechoso del homicidio del profesor estadounidense Patrick Braxton-Andrew, quien según las autoridades fue asesinado a balazos tras ser confundido con un agente de la agencia antidrogas DEA.
De acuerdo a informaciones difundidas por los medios locales Portillo Gil es el líder de una célula del narcotráfico vinculada al poderoso grupo criminal de Los Salazar que está asociado al cartel de Sinaloa en Chihuahua.
“Era conocido por la comunidad y por las autoridades, esto no es ningún secreto y tampoco es una afirmación gratuita que yo pueda hacer”, dijo la víspera el sacerdote jesuita Javier Ávila Aguirre, al asegurar que entre los pobladores de Cerocahui había mucho miedo de denunciar a Portillo Gil por temor a represalias.
Tras el evento del 2018 las autoridades no volvieron a mencionar a Portillo Gil hasta la víspera cuando la Fiscalía de Chihuahua difundió carteles con la fotografía del presunto atacante ofreciendo una millonaria suma en pesos.
