[ AP ]
Ciudad de México.- Las integrantes de un grupo de voluntarias que buscan los cadáveres de familiares asesinados están empezando a ser blanco de los asesinos, un giro que pone a prueba las promesas del gobierno de ayudarlas a recibir el consuelo de poder enterrar a las víctimas.
Las mujeres abocadas a esta tarea dicen que reciben amenazas y son vigiladas, probablemente por la misma gente que mató a sus hijos, hermanos y maridos.
Pero ahora las amenazas dieron paso a las balas, dirigidas a estas mujeres, que han resultado ser mucho más efectivas que las autoridades en la detección de fosas clandestinas y sitios donde queman a las víctimas, de los que se cree que hay miles. Dos buscadores fueron asesinados en los últimos dos meses.
Aranza Ramos llevaba un año buscando a su marido, Bryan Celaya Alvarado, desaparecido el 6 de diciembre del 2020. Es hoy una de los 87.855 desaparecidos que hay en México. Se cree que la mayoría fueron asesinados por los carteles de las drogas y sus cuerpos fueron enterrados o quemados.
Los investigadores comprobaron a lo largo de la última década, desde el peor momento de la guerra contra el tráfico de drogas del 2006 al 2012, que las bandas entierran a sus víctimas en los mismos sitios, una y otra vez, creando macabros campos de la muerte.
Fue allí, en un terreno conocido como Ejido Ortiz, en el estado de Sonora, fronterizo con Estados Unidos, que Ramos fue asesinada el 15 de julio, mientras buscaba a su marido.
