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LAGOS, Nigeria.- Casi 2.000 reclusos se escaparon después de que manifestantes atacaran dos prisiones nigerianas, informaron el martes las autoridades, que anunciaron un toque de queda de 24 horas en la megalópolis de Lagos para tratar de atemperar el malestar tras dos semanas de protestas contra la brutalidad policial.
El inspector general de la policía apostó agentes antimotines en varias ciudades y ordenó reforzar la seguridad en torno de las cárceles.
“En lo sucesivo, la fuerza ejercerá los plenos poderes de la ley para prevenir cualquier atentado contra la vida y la propiedad de los ciudadanos”, dijo la policía en un comunicado.
El gobernador del estado de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, advirtió por Twitter que las protestas contra la brutalidad policial en Nigeria han “degenerado en un monstruo que amenaza el bienestar de nuestra sociedad”.
El portavoz del Ministerio del Interior, Mohammed Manga, dijo que grandes multitudes de personas armadas sometieron a los guardias en dos penitenciarías. Según el último recuento, 1.993 presos estaban prófugos.
“La mayoría de los reclusos detenidos en los centros son criminales condenados que cumplían condenas por varios delitos, en espera de ser ejecutados o mientras esperaban ser juzgados por delitos violentos”, dijo en un comunicado.
El gobernador de Lagos dijo que el toque de queda abarca toda la ciudad de 14 millones de habitantes y zonas aledañas. Una comisaría fue incendiada y la policía mató a disparos a dos personas.
“Se han perdido vidas mientras criminales y malhechores se ocultan bajo el paraguas de estas protestas para desatar el caos en nuestro estado”, dijo.
Las autoridades impusieron el toque de queda en Ciudad Benin el lunes tras los ataques a las cárceles.
Las protestas comenzaron hace dos semanas tras circular un video en el que un hombre es apaleado, aparentemente por policías de la Escuadra Especial Antirrobos (SARS por sus siglas en inglés).
Jóvenes manifestantes marcharon en distintas ciudades bajo la leyenda #EndSARS. El gobierno prometió disolver la unidad, acusada desde hace años de cometer torturas y asesinatos según grupos defensores de los derechos humanos.
