Vinculan a proceso a 4 ex funcionarios de Ciudad del Maíz

Rubén Pacheco

[San Luis Hoy]

Por el delito de peculado, 4 funcionarios de la administración 2015-2018 del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, así como 3 proveedores, fueron vinculados a proceso por un juzgado con sede en Rioverde.

La juzgadora de control no estableció medidas cautelares, dado que los presuntos culpables acuden y atienden los citatorios a las audiencias.

Los ex funcionarios son Juan Antonio N, alcalde; Noé N., titular de la Tesorería; Rodolfo N., titular de la Coordinación de Desarrollo Social; y José N., titular de la Secretaría General; además de los empresarios constructores Oscar N., Saúl N. y Felipe N.

El procedimiento forma parte de la denuncia penal que presentó en 2019 la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante la Fiscalía Anticorrupción, consistente en detectar en la Cuenta Pública 2017, el presunto desvío de cerca de 6 millones de pesos, donde se incluyen proveedores.

Según la relatoría de los hechos, la irregularidad detectada evidenció que en su momento, un grupo de obras públicas fueron reportadas como concluidas y pagadas, es decir, no se ejecutaron o no quedaron concluidas, lo cual configuró el delito.

Los imputados podrían alcanzar una pena de 5 a 10 años de prisión y, sanción económica de 43 mil 440 pesos a 86 mil 880 pesos, toda vez que la penalidad establece esa sanción cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de mil quinientas veces del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en el momento de cometerse el delito, es decir, más de 130 mil 320 pesos.

Además de la destitución e inhabilitación, del doble de la pena de prisión impuesta para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, todo lo anterior según el Código Penal del Estado.

Por separado, el órgano fiscalizador adujo que los presuntos culpables podrían ser sentenciados en los próximos 6 meses.

La dependencia fiscalizadora reconoció el trabajo de la fiscalía especializada y se dijo abierta a trabajar de forma institucional, a fin de la ejecución de sanciones contra servidores públicos que afecten el erario.

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