Un año de impunidad en Secretaría de Salud

Leonel Mora

[San Luis Hoy]

Pasado un año y cuatro días de que la organización Ciudadanos Observando (CO) reveló ante el Congreso del Estado la existencia de una red de empresas fantasma presuntamente usada por los Servicios de Salud para desviar recursos públicos, poco o ningún resultado se ha obtenido de la gestión del Legislativo o de alguna otra autoridad para resolver el caso conforme a la Ley.

Fue el 15 de julio de 2020 cuando integrantes de CO expusieron los resultados de su investigación ante los integrantes de la comisión legislativa de Vigilancia de ese entonces, quienes se comprometieron a respaldar una petición para que la Auditoría Superior del Estado (ASE) iniciara, “sin pretextos”, una revisión especial a la dependencia que encabezaba Mónica Liliana Rangel Martínez.

En esa ocasión, el vocero de Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias, expuso la existencia de una red formada por al menos 30 empresas fantasma en torno a la figura de Gabriel Alan Salazar Soto, a través de la cual se desviaron cerca de 176 millones de pesos de recursos federales y 65 millones de dinero estatal durante tres años con base en el robo de identidades, domicilios falsos, firmas apócrifas, incluso de funcionarios de la propia Secretaría de Salud, y triangulación de operaciones.

En la sesión, realizada en el edificio legislativo de la calle Pedro Vallejo, estuvieron presentes los congresistas Marite Hernández Correa (Morena), Martín Juárez Córdova (PRI), José Antonio Zapata Meraz (PAN), Edgardo Hernández Contreras (PVEM) y de manera virtual Edson de Jesús Quintanar Sánchez (Morena).

Luego, el 19 de julio de 2020, hace justo un año, González Covarrubias declaró: “Los ciudadanos entregamos las pruebas; ahora les toca a ellos hacer su trabajo. Les estamos dando un voto de confianza en el entendido de que sí van a poner las denuncias”, advirtió.

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