Jaime Hernández
[San Luis Hoy]
Apenas inició el proceso electoral de cara al 2021 y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la Ley Electoral de San Luis Potosí, por no haber llevado a cabo una consulta en forma a la población indígena del estado, de modo que los próximos comicios serán regulados con legislación emitida hace seis años.
Además, la decisión judicial convirtió en inútil el gasto de 9.8 millones de pesos destinados por el Congreso del Estado a la realización de foros electorales, y de otros cuatro millones de pesos presupuestados para una consulta indígena que nunca se realizó a causa de la pandemia de Covid-19
El fallo de la SCJN, que se emitió en la sesión de Pleno de ayer, invalidó totalmente el decreto 703 en el que se publicó, el pasado 30 de junio, la nueva Ley Electoral del Estado, que regiría el proceso electoral 2020-2021, que apenas inició el pasado 30 de septiembre.
La anulación fue provocada por la acción de inconstitucionalidad 164/2020, promovida por el Partido del Trabajo.
El motivo de la anulación fue que no se llevó a cabo una consulta previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas del estado.
Antes la inminencia del proceso electoral, la SCJN determinó que la Ley anterior será la que regirá las elecciones del año entrante.
Ante la inminencia del proceso electoral, el órgano judicial determinó que se rigiera con la Ley Electoral de 2014.
El Congreso estatal tenía previsto celebrar este año foros electorales en comunidades indígenas, sin embargo, el 18 de marzo, el Legislativo la declaró “pospuesta” la consulta ante la emergencia sanitaria por Covid.
Con ello, consideraron los magistrados, el Pleno consideró que se violaba un convenio de la Organización Internacional del Trabajo “donde se prevé que dichos pueblos y comunidades tienen el derecho a ser consultados cada vez que se pretendan establecer medidas legislativas susceptibles de afectar o incidir directamente”.
En febrero pasado, la Junta de Coordinación Política aprobó la erogación de 9.8 millones de pesos que se iban a invertir en foros electorales, indígenas y a personas con discapacidad.
