Rubén Pacheco
[San Luis Hoy]
La desestimación de la iniciativa que promovía que las separaciones voluntarias de empleados gubernamentales fueran ratificadas ante el TECA, se fundamentó, entre otras cosas, por falta de recursos que implicaría su aprobación, dijo Martha Barajas García, diputada y presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado.
Argumentó que los integrantes alertaron que aunado a las implicaciones económicas para los trabajadores, pues quienes laboran en el interior del estado deberían movilizarse al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), por lo cual, se optaría por la apertura de una oficina, cuya posibilidad no es factible por la carencia de recurso en el órgano jurisdiccional.
La legisladora del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí (PNASLP), reconoció que, si bien la moción planteada por Marite Hernández Correa, diputada de Morena, es un planteamiento relevante, el factor económico no favoreció su procedencia.
En entrevista, negó que se hayan favorecido los criterios expuestos por la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado como parte de la consulta solicitada a la misma, ya que la Comisión “siempre” se ha manejado con “limpieza” en los dictámenes.
Pese a la negativa en favor de la moción, Barajas García aseguró que el Congreso del Estado “siempre” estará en favor de la base trabajadora “por eso estamos aquí: para defender esos derechos, pero con responsabilidad”.
“Si nosotros queríamos garantizar, precisamente que no exista la renuncia anticipada, nosotros como autoridad tenemos que prever poner oficinas cercanas en todo el estado, y eso implica dinero. Esa fue la gran razón por la cual, la Comisión decidió no ser irresponsable, y aprobar algo que a lo mejor se va a quedar en el cajón, porque no hay dinero”, sostuvo.
