La Ley de Auditoría de blandengue: C.O.

Rubén Pacheco

[San Luis Hoy]

Los reportes del Inegi sobre los pocos funcionarios sancionados e inhabilitados en 2019, pese a la amplia cantidad de auditorías aplicadas, son una “radiografía” del encubrimiento a la corrupción de los funcionarios en San Luis Potosí, juzgó José Guadalupe González Covarrubias, vocero de la organización no gubernamental (ONG) Ciudadanos Observando.

El jueves pasado se divulgó que en la entidad, en 2019, se realizaron más de 300 auditorías a la función pública, de las cuales 17 funcionarios fueron sancionados y solo uno inhabilitado, según información del módulo de Control Interno y Anticorrupción del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El activista en favor de la transparencia, acusó que la Ley de Auditoria es “blandengue”, lo cual favorece a los delincuentes de “cuello blanco”, prueba de ello son las presuntas irregularidades atribuidas a Mónica Liliana Rangel Martínez, secretaria de Salud o los congresistas de la pasada legislatura, quienes siguen en la función gubernamental pese a la comisión de probables actos de peculado.

Asumió que los Órganos de Control Interno de las instituciones son una “vacilada” y una oficina más, dedicada a encubrir al funcionariado que comete irregularidades en el manejo del recurso público.

Exigió que los integrantes del Congreso del Estado expidan leyes o reformen las mismas, en aras de establecer criterios fundados para proceder en contra de actos de corrupción al interior de las dependencias.

“Se está validando la corrupción, porque la ley está hecha para eso. Entonces, ahí es donde los diputados deben ya dejarse de quejar, ya desde cuando debería estar la Ley de Auditoría para que los tiempos fueran más rápidos”, demandó.

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