Nohemí Carmona
[San Luis Hoy]
Líderes empresariales coinciden en que cuando una persona entra a desempeñar una función pública sus actos deben ser transparentes, se debe ser consciente de que se será sometido al escrutinio público y no es válido que por estas situaciones se atribuyan daños morales.
Lo anterior luego de las demandas interpuestas por parte de exservidores públicos contra los diarios Pulso y San Luis Hoy y por las cuales fueron condenados a pagar gastos y costas de sus promociones por ociosas e infundadas.
El presidente de Nuestro Centro, Alberto Narváez Arochi, señaló que los medios tienen un “caparazón” legal para dar opiniones, emitir juicios y dar información. Los funcionarios públicos están expuestos a sus señalamientos, “es la libertad de prensa y ello debe ser protegido, entonces esas demandan no da a lugar”.
De igual forma, el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) Ricardo Pérez Castillo, consideró que “se sienta un precedente para el derecho de los ciudadanos a la información, se está demostrando que hay libertad de expresión en el estado de San Luis Potosí”.
Cualquier señalamiento respecto al desempeño en un cargo público debe ser ventilado al máximo ya que la ciudadanía exige transparencia puesto que el dinero no es del gobierno sino de los contribuyentes. “La resolución por parte de la autoridad marca que lo que se les atribuye a los exfuncionarios podría resultar cierto, entonces habría que llevar a cabo una investigación completa”, agregó el líder de los industriales.
