Jaime Hernández
[San Luis Hoy]
La Secretaría de Finanzas del gobierno estatal declaró bajo reserva, y por tanto, imposible de difundir públicamente, toda la documentación y hasta los nombres de los integrantes de la estructura orgánica de su Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE).
Además, reveló la dependencia en respuesta a una solicitud de información pública, se mantendrán ocultos los documentos sobre investigaciones, carpetas, cuentas bancarias y fiscales y convenios generados por la dependencia.
La contestación está derivada, precisamente, de la petición de una copia de los acuerdos signados por la Secretaría de Finanzas y al Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se trata del convenio de colaboración para el intercambio de información signado en octubre de 2020 entre el gobierno estatal y la dependencia que dirige Santiago Nieto.
En su contestación a la solicitud, la subdirección jurídica de la UIPE indicó que el convenio tiene el carácter de confidencial y reservado”, señalando que la UIF ha sido declarada una instancia de seguridad nacional y la legislación federal reserva la información de la misma.
Además, citó legislación federal y local que posibilitan la declaratoria.
Agregó una copia del acuerdo de reserva 02/2020, firmado el 21 de octubre por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas en la que se permite la reserva de los documentos e incluso de los nombres de los funcionarios que integran la estructura administrativa y organizacional de la UIPE.
En el documento se señala que “por la clase de información (que maneja la UIPE), la divulgación de la misma podría traer como consecuencia poner en riesgo la vida, seguridad y salud de una persona física y la obstrucción de la prevención de delitos”.
Agrega que “no debe eludirse el hecho” que las operaciones que investiga la UIPE, que incluyen las operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, “están estrechamente vinculados con la delincuencia organizada”.
El periodo de la reserva abarca hasta septiembre de 2025.
Por la clase de información (que maneja la UIPE), la divulgación de la misma podría traer como consecuencia poner en riesgo la vida, seguridad y salud de una persona física y la obstrucción de la prevención de delitos”
Acuerdo de la Secretaría de Finanzas
