Jaime Hernández
[San Luis Hoy]
Debido al incumplimiento de la empresa constructora a cargo de la edificación del Centro de Justicia Penal Federal, el Consejo de la Judicatura Federal emprendió un proceso de rescisión de contrato con la empresa a cargo del proyecto.
Por el atraso derivado de esta anomalía, el CJF solicitó al gobierno estatal una prórroga de dos años para completar el inmueble, luego de que se venciera el plazo original dado a la instancia judicial para terminar su sede en un predio donado por el Ejecutivo estatal.
De no tomarse esa medida, el CJF debería devolver el predio de 15 mil metros cuadrados que fue donado en 2016.
Lo anterior queda expuesta en una iniciativa de decreto presentada por el gobernador Juan Manuel Carreras, en donde pide se autorice una prórroga de dos años para que se pueda completar la obra en predios ubicados en la delegación de La Pila.
El mandatario recuerda que en octubre de 2016, la pasada Legislatura aprobó el decreto 407, que autoriza al Ejecutivo donar gratuitamente un predio de 15 mil metros cuadrados al Poder Judicial de la Federación para la construcción de su Centro de Justicia en la entidad.
El documento daba un plazo de dos años para el inicio de la construcción, que se cumplieron el 22 de octubre de 2018, y de otros dos años para concluirla, que se vencía el 22 de octubre pasado.
Sin embargo, Carreras López revela que en junio pasado, el CJF pidió una prorroga de otros dos años para completar la construcción del inmueble, debido a que seguía inconcluso debido a un incumplimiento de la empresa a cargo, la constructora Hycsa Edificaciones y Proyectos SA de CV, en participación conjunta con Calzada Construcciones SA de CV, que obligó a la dependencia federal a iniciar un proceso de rescisión del contrato.
Hycsa ganó un contrato de 133.4 millones de pesos para construir el inmueble en octubre de 2017, de acuerdo a la página del CJF.
Como el ejecutivo verificó que ya había iniciado la obra, accedió a la solicitud, pidiendo el Congreso una prórroga.
