Rubén Pacheco
[San Luis Hoy]
Juan Francisco Aguilar Hernández, diputado del PAN, reconoció que las “vapuleadas” de la Corte a leyes estatales deja malparado al Congreso del Estado.
Aparte, Edmundo Azael Torrescano Medina, congresista del PRI, atajó que todas las legislaciones aprobadas son sujetas a la impugnación y si éstas se revocan significa que “faltaba perfeccionar el procedimiento”.
El pasado día 9, se oficializaron dos controversias constitucionales contra reformas legales realizadas por el Congreso potosino, con lo que acumula 13 invalidaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde 2019 a la fecha, todas correspondientes a la pasada legislatura.
Aguilar Hernández consideró que las derogaciones están vinculadas con los reportes de la organización Congreso Calificado, pues los congresistas se “presionan” para no ser evidenciados en dicha plataforma ciudadana, y presentan mociones “al vapor” y sin un estudio jurídico perfeccionado.
“Creo yo que el Poder Legislativo no debe de estar o no se debe de presionar. Más vale calidad que cantidad, entonces ojalá que esto sirva para la actual y la siguiente legislatura, de que no se presionen en estar presentando iniciativas sin sentido”, evaluó.
Torrescano Medina opinó que las revocaciones no denotan falta de análisis de los diputados, porque al final de cuentas la SCJN es la encargada de definir si debieron o no pasar al tamiz de la consulta, esto, en cuanto a las invalidaciones donde no se consultó a determinados sectores de la población.
Reportó que el viernes pasado se notificó al Poder Legislativo de la impugnación de una ley, sin embargo, dijo desconocer si se tramitó ante la SCJN, un Juzgado federal o en el Tribunal Electoral del Estado (TEE).
“Esta legislatura se aplicó en el tema de las consultas. Esperemos que no se vuelva repetir, y si alguna ley llega a tener un tema de impugnación, estaremos atentos de ello”, concluyó el entrevistado.
