Jaime Hernández
[San Luis Hoy]
Durante 2020, el gobierno potosino licitó apenas 2.2 por ciento del monto que destinó a contratos de adquisiciones, bienes y arrendamientos, rubro en el que el estado se colocó como el cuarto estado que menos recursos destinó a contratos con proveedores, según reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En el módulo de Contrataciones Públicas del Censo Nacional de Gobiernos Estatales, se muestra que en 2020 el estado canalizó 589.9 millones de pesos a contratos para la adquisiciones, bienes y arrendamientos. El mecanismo no toma en cuenta los contratos de obra pública para San Luis.
Se trata de la cuarta cifra más baja entre los estados. El estado sólo superó a Nayarit, que gastó 291.4 millones de pesos, Colima, que gastó 286.1 millones de pesos y Chiapas, que erogó 140.7 millones de pesos.
En contraste, la Ciudad de México lideró la lista, con contratos por 37 mil 780 millones de pesos y Jalisco, con 17 mil 114 millones.
El censo indica que durante 2020 el estado ejerció un presupuesto de 34 mil 572.9 millones de pesos. Es decir, que apenas se destinaron 1.7 millones de pesos a las adquisiciones, bienes y arrendamientos.
El documento del INEGI también revela que el gobierno potosino canalizó la mayor parte de los contratos y los recursos de sus compras, el 51.4%
a través de mecanismos no previstos en la Ley de Adquisiciones del Estado.
Y, en contraste, sólo licitó el 2.2 por ciento de lo utilizado para adquisiciones.
De los 589.9 millones de pesos, apenas 12.3 millones de pesos se licitaron públicamente, a través de 40 procedimientos.
Mediante el mecanismo de invitación restringida a al menos tres concursantes, que se usó en 131 casos, el gobierno potosino canalizó 55.3 millones de pesos, el 9.7%.
A las 606 adjudicaciones directas registradas el año pasado, se destinó la segunda mayor suma para las adquisiciones: 209.4 millones de pesos, el 36.8 por ciento.
Esas son las tres modalidades de licitación que prevé la Ley de Adquisiciones del Estado. Sin embargo, en 36 casos, el gobierno potosino utilizó otros mecanismos no previstos en la ley, para lo que se destinó la mayor suma destinada a adquisiciones: 292.7 millones de pesos, el 51.4 por ciento.
