Martín Rodríguez
[San Luis Hoy]
El Juzgado Octavo de Distrito encontró la forma de dilatar la etapa de recabar pruebas periciales de un traslape de la zona de obras del paso superior vehicular Río Españita-Avenida Industrias-Bulevar San Luis, en el Bulevar Antonio Rocha Cordero, denunció el abogado Jorge Luis Dorantes, representante legal de ejidatarios de La Libertad, quienes reclaman la invasión de tierras en la obra.
En entrevista, el representante legal explicó que por este asunto, está en proceso una solicitud de juicio político en contra de la alcaldía capitalina, por el uso de tierras del ejido. Anticipó que este litigio pronto se resolverá.
Luis Dorantes informó que el Registro Agrario Nacional (RAN) confirmo por medio de un resolutivo que parte de la zona de obras está dentro de un polígono de dotación de tierras al Ejido Rancho Viejo La Libertad mediante resolución presidencial fechada el 31 de mayo de 1928.
El entrevistado explicó que el resolutivo incluye la expropiación del 8 de agosto de 1963, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de agosto de 1963, en el que el promovente fue el gobierno del estado de San Luis Potosí.
La segunda expropiación consta de un documento de fecha 29 de noviembre de 1991, publicado el 6 de diciembre del mismo año en el Diario Oficial de la Federación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal co-
mo promovente.
Hubo una tercera, con fecha 17 de septiembre de 1997, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de septiembre siguiente, donde la promovente fue la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (Corett) y la cuarta expropiación fechada el 19 de abril de 2004, publicada el 26 de abril del mismo año en el Diario Oficial de la Federación, también promovida por la Corett.
La defensa de los ejidatarios argumenta que una parte de la obra se localiza en terrenos pertenecientes al Ejido, y la observación del RAN de que la zona de obras, se ubica dentro del perímetro ejidal con el que fue dotado el Ejido Rancho Viejo-La Libertad, mediante la resolución presidencial del 21 de mayo de 1928.
El abogado informó que el Juzgado Octavo de Distrito dejó pendiente dictar el acuerdo para recabar las pruebas periciales y con ello, tratar de resolver las dudas sobre los límites territoriales y en su caso, deslindar responsabilidades por los efectos señalados por el organismo registral dependiente de la Secretaría de Desarrollo, Territorial y Urbano.
