Crea Gobierno Procuraduría Urbana a modo

Jaime Hernández

[San Luis Hoy]

Para defender a ciudadanos afectados por decisiones de autoridades en materia de desarrollo urbano, el Ejecutivo estatal creó una Procuraduría Urbana cuya junta directiva estará controlada por esas mismas autoridades y cuyo titular no tendrá voto en las decisiones, sólo voz, además, deja de lado a los ayuntamientos.

Lo anterior quedó establecido en un decreto administrativo fechado el 17 de agosto y que apareció en el Periódico Oficial del Estado.

El artículo quinto describe un diseño institucional peculiar de la nueva procuraduría, pues señala que contará, además de la figura de un procurador, con una junta directiva.

En el artículo siguiente, establece que dicha junta será la “máxima autoridad” de la PU, integrada por diez dependencias estatales: la Secretaría General de Gobierno, cuyo titular la presidirá. Las otras nueve integrantes son dependencias relacionadas con el desarrollo urbano, entre ellas, la Seduvop, el Instituto Estatal de Planeación Urbana, la SCT, la Segam, la CEA y el Invies.

Es decir, que las instancias encargadas de sancionar anomalías en materia de desarrollo urbano cometidas por autoridades del ramo serán esas mismas dependencias.

La fracción II del artículo sexto señala que el secretario técnico será el titular de la Procuraduría Urbana, y que tendrá voz, pero no voto en las sesiones de la junta.

Su designación será determinada por la Junta, que lo elegirá entre una terna propuesta por el gobernador.

Entre las atribuciones del PU están orientar a la ciudadanía para que las acciones urbanas sean apegadas a las normas jurídicas y representarla ante incumplimientos de las autoridades que ordenen y regulen el ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

También podrá, de oficio o a petición de parte, solicitar a las autoridades que apliquen las sanciones consideradas en caso de que funcionarios incurran en responsabilidades y recomendar a las alcaldías la aplicación de las medidas de seguridad vigentes cuando se presuman violaciones a la normatividad urbana.

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