ASE con expedientes que ya prescribieron

Rubén Pacheco

[San Luis Hoy]

De los cerca de 3 mil 500 expedientes jurídicos de sanción existentes en la ASE, que en 14 años atrás no fueron concluidos, hay algunos que ya prescribieron porque tienen más de 10 años, reportó José Antonio Zapata Meraz, diputado y presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

Rocío Elizabeth Cervantes Delgado, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), reportó este lunes que, al tomar la titularidad de la institución detectó expedientes jurídicos no resueltos, algunos desde 2005.

A diferencia de lo vertido por Zapata Meraz, el Artículo 73 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios, establece que, si hay faltas administrativas no graves, la imposición de sanciones prescribirán en 3 años, contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubiere cesado el acto u omisión de que se trate si fue de carácter continuo.

En contraste, si son graves, el plazo de prescripción será de 7 años, contados bajos los citados términos. “Si se dejare de actuar en los procedimientos de responsabilidad administrativa, originados con motivo de la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, y como consecuencia de ello se produce la caducidad de la instancia, la prescripción se reanudará desde el día en que se admitió el citado informe.

Sin embargo, la prescripción puede interrumpirse en los términos del Artículo 115, donde se especifica que la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa interrumpirá los plazos de prescripción antes señalados y fijará la materia del procedimiento de responsabilidad administrativa.

Para el congresista del Partido Acción Nacional (PAN), la inacción en la materia provoca una “gran impunidad” y desconfianza hacia la ciudadanía. “Evidentemente es un tema crítico que hay que ponerle toda la atención debida, porque tanto por acción u omisión, una responsabilidad de los funcionarios públicos encargados de emitir estas sanciones, como la impunidad que genera en este no actuar de la Auditoría”.

Zapata Meráz supuso que dada la prescripción, y aunque la ASE generará las resoluciones hacia los ex funcionarios, los imputados tendrían el argumento jurídico para alegar que no es viable el procedimiento sancionador.

“Simple y sencillamente, la conclusión del proceso de fiscalización debe de terminar con los sanciones a los funcionarios públicos que no lograron solventar sus observaciones. Este rezago tiene cerca de 3 mil 500 expedientes por resolver, que en 14 años atrás no se ha concluido la fiscalización de los recursos públicos en el estado”, exteriorizó.

La ASE precisó en días pasados, la creación de grupo de litigadores encargados de atender dicho rezago, para evitar su prescripción, aunado a que el Órgano de Interno de Control inició indagatorias sobre los presuntos responsables de administraciones pasadas del ente fiscalizador, que no atendieron los asuntos.

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