Leonel Mora
[San Luis Hoy]
El titular de los Servicios de Salud del Estado, Miguel Ángel Lutzow Steiner, reconoció que en la dependencia “no existía” disciplina financiera, por lo que estableció un programa para recuperar el control administrativo desde la dirección, lo que le ha permitido, entre otras cosas, disminuir 30 por ciento los pasivos entre marzo y mayo.
Sobre la información de que los pasivos de los SSE llegaron a su punto máximo en marzo, con un monto que llegó los dos mil 628 millones de pesos, Lutzow Steiner admitió el repunte.
Indicó que fue necesario contraer deuda por casi tres mil millones de pesos porque fue necesario inyectar dinero entre cuentas para pagar los salarios de la nómina de los trabajadores de la institución, pues no se contaba en ese momento con el ingreso federal para hacerlo.
Sin embargo, estos pasivos mostrarán una reducción respecto a marzo en cerca de 775 millones de pesos, para quedar en mil 853 millones de pesos.
Esto se logró, dijo, por el establecimiento del programa “Cero Observaciones” que estableció a su arribo a la dirección de la dependencia, en febrero pasado.
“Nos propusimos”, señaló el funcionario en su respuesta, “porque no existía, disciplina financiera, depuración de cuentas, reingeniería de procesos, orden contable y de fuentes de financiamiento, comprobar oportunamente a la Federación y a los entes estatales y federales auditables”.
Entre otras medidas, Lutzow Steiner indicó que se va a “agarrar” el control administrativo desde la Dirección, con la creación de un expediente único para el pago de bienes y servicios, con documentación obligatoria y justificante; el rediseño de 17 programas administrativos “que estaba sueltos” y la conciliación obligatoria presupuestaria, financiera y contable, que de no existir, haría imposible el pago de esas operaciones.
Se trata de un reconocimiento tácito de que había que mejorar el manejo administrativo de la dependencia en la que Mónica Rangel Martínez le antecedió, y que se caracterizó por alto número de observaciones y montos cuestionados en auditorías federales y estatales, por adquisiciones polémicas y anomalías como la utilización de empresas “fantasma”.
