María Elena Cruz
[San Luis Hoy]
A un mes de haberse aprobado la minuta constitucional, se mantiene sin avance la homologación a nivel local de la reforma que eliminó siete organismos autónomos federales, que en San Luis Potosí significaría la extinción de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).
El diputado de Morena, Carlos Artemio Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, comentó que se están gestionando reuniones con el organismo garante de transparencia y el Poder Ejecutivo.
“No hay mucho todavía en la materia, estamos coordinados con la Subsecretaria de Enlace Interinstitucional, con la Secretaría General de Gobierno y con la CEGAIP. Vamos a tener una reunión con ellos para escuchar sus planteamientos”, señaló.
Arreola Mallol precisó que estas reuniones tendrán el objetivo de escuchar cómo ambas partes, la CEGAIP y el Ejecutivo, consideran que pueden mejorar los mecanismos para garantizar el acceso a la información pública, recordando que, de acuerdo a la reforma federal, sería el Gobierno del Estado quien debería asumir las funciones que actualmente cumple el órgano garante de transparencia.
“Yo sé que se están también reuniendo entre ellos, construyendo una propuesta. Desde el Legislativo estaremos muy atentos a ellos y si hay que presentar una iniciativa por parte de la bancada de Morena, también estamos dispuestos a ello”, aseguró.
El decreto de la reforma constitucional federal en materia de simplificación orgánica que elimina a siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024, entrando en vigor el 21 de diciembre.
El decreto otorga un plazo de 90 días al Congreso de la Unión para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes secundarias para dar cumplimiento a la reforma. Una vez cumplida esta tarea, las Legislaturas de las entidades federativas tendrán 90 días a partir de la expedición de dichas disposiciones para armonizar su marco jurídico local en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.