Leonel Mora
[San Luis Hoy]
El caso Rich y sus implicaciones para la autoridad municipal aún están lejos de concluir, pues además de que los cuatro exfuncionarios sancionados ya impugnaron el fallo de la Contraloría Interna, siguen pendientes algunos temas como el del posible tráfico de influencias entre el Ayuntamiento y el bufet legal que defiende a los extrabajadores de la Dirección de Comercio.
De acuerdo con fuentes municipales, la impugnación del fallo de la Contraloría deberá ser atendido no por esta dependencia sino por una de las dos sindicaturas del gobierno capitalino: aquella que se ocupe de los temas laborales.
Aparte, sigue pendiente de aclaración el tema del posible tráfico de influencias que pudo darse entre la Contraloría Interna y el exsecretario general del Ayuntamiento, ahora director de Interapas, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, pues éste es socio del bufet jurídico que lleva la defensa de los cuatro sancionados.
Al respecto, Hernández Delgadillo no ha fijado postura alguna a esta fecha y la contralora municipal Gabriela López y López tampoco ha informado si se está investigando el tema del tráfico de influencias tal como dijo que se haría el actual secretario general del Ayuntamiento, Fernando Chávez Méndez.
En los últimos tres días, ni siquiera el alcalde Enrique Galindo Ceballos ha declarado sobre la impugnación presentada por los exfuncionarios de Comercio ni sobre el posible tráfico de influencias entre el bufete de Hernández Delgadillo y la Contraloría Interna.