Rolando Morales
[San Luis Hoy]
El integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano, Juan Felipe Cisneros Sánchez, acusó a funcionarios federales de la Secretaría de Bienestar y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de ejercer presiones y actos de hostigamiento contra comunidades que promovieron amparos por el recorte presupuestal al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).
Según Cisneros, desde que distintas comunidades decidieron defenderse legalmente del ajuste al presupuesto, el delegado de Bienestar, Guillermo Morales, y el titular del INPI en el estado, Mario Godoy Ramos, instruyeron a servidores de la nación para presionar a las autoridades indígenas firmantes de los amparos con el fin de que desistieran.
Afirmó que, aunque existe la posibilidad de dos comunidades retiren sus recursos legales, esto ocurre bajo amenazas, chantajes, bloqueo de cuentas, retención de tarjetas y otros mecanismos de presión.
Cisneros recordó que el FAISPIAM sufrió un ajuste significativo luego de que se modificara el decreto del 13 de marzo, aplicando una fórmula.