DURANTE los últimos años, la Secretaría de Salud estatal, encabezada por la impresentable Mónica Liliana Rangel Martínez, ha sido la dependencia que acumula más observaciones en sus cuentas públicas practicadas tanto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado (ASE), cientos de millones de pesos de nuestros impuestos, destinados a atender el bienestar y la salud de los potosinos han sido desviados y la mayoría de las irregularidades no han sido solventadas. Esta situación, en cualquier lugar del mundo civilizado, bastaría para que en el primer año donde se presentaran las corruptelas la titular fuera destituida ipso facto del cargo, sometida a una investigación, obligada a reintegrar el recurso malversado y hasta meterla a la cárcel, por desgracia, no en San Luis, donde el gobernador solapa y permite el saqueo de las arcas públicas, con un fuerte tufo de complicidad, pues no hay otra explicación de tanta condescendencia y permisividad del “güerito” Carreras a los actos deleznables y criminales de su colaboradora…
EN la revisión de la ASF a las cuentas públicas del 2018 a la SS estatal, se detectaron anomalías por 145.8 millones de pesos en un solo fondo -el FASSA-, esto provocó que la entidad potosina se ubicara entre los diez estados en el país con mayores observaciones, las irregularidades fueron principalmente recursos que no fueron devengados, pagados o devueltos a la federación, una constante en la dependencia mal manejada por Mónica Rangel, otros desvíos fueron millones de pesos en cheques de supuestos pagos a personal que fueron cancelados y otros a trabajadores que habían sido dados de baja. En los resultados de las auditorías practicadas por el órgano auditor federal a las cuentas de Salud en 2019, las cosas resultaron peor: la dependencia acumula el 94 por ciento del monto observado por la ASF, irregularidades no solventadas por 224.2 millones de pesos en el manejo del FASSA, el extinto Seguro Popular y el “monumento a la corrupción” del sexenio carrerista, el “nuevo” Hospital Central, es decir, ante la impunidad y protección del gobernador, Mónica Rangel no sólo reincidió sino que incrementó los desvíos…
CIENTOS de millones de pesos del erario presuntamente desviados en adjudicaciones directas en obras y servicios sin fundamentos, recursos no erogados y no devueltos, contratos con pagos excesivos o leoninos para favorecer a las empresas beneficiadas, obras inexistentes, encarecimientos de proyecto y una supervisión deficiente de obras, son parte de las observaciones detectadas por la ASF en las cuentas de Mónica Rangel; una de estas irregularidades es un contrato con una empresa de limpieza por 38.6 millones de pesos, de los cuales 26.5 millones la ASF no encontró justificación al pago de esta cantidad, hay que recordar que fueron empresas del “empresario” Gabriel “Gabo” Salazar Soto, que por algunos años otorgó este servicio a los SS. Además de las millonarias observaciones a la SS estatal detectadas por la ASF y la ASE, se suman las denuncias por actos de corrupción por contratos leoninos otorgados por la dependencia a empresa de Salazar Soto, todo lo anterior sólo ha merecido una sola y escueta declaración del gobernador respecto al tema, realizada en junio pasado donde “el güerito” dijo” Mónica Rangel es una mujer de resultados”, pero resultados muy negativos…
LO siguiente lo escribimos en este mismo espacio en julio pasado: “el mutismo oficial tiene lógica, no se puede defender lo indefendible; las denuncias de corrupción en la Secretaría de Salud estatal podrían ser apenas la punta del iceberg, los desvíos de recursos públicos podrían ser mucho mayores, además de que esto daría pie a una revisión a profundidad de todos los gastos del gobierno estatal en turno, donde saldrían sin duda más irregularidades; las pruebas de las innumerables triquiñuelas en la dependencia de Salud son irrefutables, contundentes y demoledoras, que no deberían de ignorarse, como lo hacen Juan Manuel Carreras López y el Contralor General del Estado, el florero Óscar Alarcón Guerrero. El primer mandatario pretende sacar de donde sea y como sea 700 millones de pesos dizque para enfrentar la contingencia sanitaria y económica provocada por la pandemia de Covid-19, tan sólo el recurso entregado ilegalmente a empresas de Gabriel Salazar Soto por parte de la SSSLP, representa más del 25 por ciento de estos 700 millones solicitados por “el güerito” Carreras… Juan Manuel Carreras, por omisión o por complicidad, al no actuar ante la terrible corrupción en la Secretaría de Salud es el principal responsable de esta lamentable situación del saqueo de las arcas públicas, un inciso del Artículo 124 de la Constitución Política de SLP, reformado en octubre de 2017 dice: “El Gobernador del estado, mientras permanezca en el desempeño de su encargo, podrá ser acusado por actos u omisiones que perjudiquen el buen despacho, o los intereses públicos fundamentales, ello mediante juicio político”, hay que recordarle al “güerito” Carreras que el peor año de gobierno es el séptimo, pero en fin”… Armando Acosta
