Bitácora

EN el PRI, como los cangrejos, para atrás. No sabemos si reír o llorar con la iniciativa que el diputado priista Edmundo Azael Torrescano Medina, mejor conocido como “el pecas”, pretende presentar al Pleno del Congreso, que con el pretexto “de no violentar los derechos humanos” propone eliminar de la ley diversos requisitos para ocupar cargos de elección popular o en el CEEPAC; como el de no haber sido condenado por algún delito, es decir, a personas procesadas y condenadas, o el de no contar con antecedentes penales ni estar sujeto a proceso…

EL ínclito legislador tricolor aduce que aquellas personas que ya cumplieron con su pena, tienen derecho de ocupar un empleo en el servicio público o de elección popular, además que un proceso penal no puede impedir el acceso a esos cargos…

EL Artículo 77 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí vigente, en su apartado IV, sobre los requisitos para ocupar cargos en el CEEPAC, dice textual: “Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial”, mientras que en el Artículo 92 de la misma Ley, para ser titular del órgano interno de control del organismo estatal electoral, se requiere: “No haber sido condenada o condenado por sentencia ejecutoria”, y por último, el Artículo 295, apartado V inciso C, sobre los requisitos para ser candidato “ dice: “No contar con antecedentes penales ni estar sujeto a proceso por delito doloso”. Así es, en el mundo del revés en que vivimos, donde el sentido común escasea, la inteligencia no se conoce y la lógica simplemente desapareció, los requisitos mínimos, lógicos, indispensables, para ocupar un cargo público o de elección popular, como lo es no contar con antecedentes penales, no haber sido condenado, un diputado, los quiere desaparecer…

SI bien es cierto que desde enero de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en una sesión pública declaró inconstitucional la solicitud de cartas de no antecedentes penales exigidas por empresas privadas como requisito para solicitar empleo, al considerarlo discriminatorio, al violar los principios de igualdad establecidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el principio de libertad de trabajo, plasmado en el artículo cinco de la Carta Magna…

FUE la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la que promovió esta querella ante la SCJN y argumentar que a la persona que cumplió su condena se le estigmatiza y segrega, pues a pesar de haber resarcido su deuda con la sociedad, se le discrimina permanentemente, esto tiene mucho sentido…

DURANTE años, los presos que salían libres al cumplir su condena y en teoría readaptado a la sociedad, no podía acceder a un empleo legal al tener antecedentes, lo que provocaba que reincidiera en el delito como única forma de tener un ingreso económico, un círculo vicioso, sales de la cárcel pero no te emplean, regresas a delinquir, te atrapan y regresas a prisión…

PERO en el caso de requisitos para acceder a cargos públicos, de elección popular o en organismos como el CEEPAC, las cosas son muy diferentes. Imagínese, la “doctora muerte” Mónica Liliana Rangel Martínez, ex secretaria de Salud durante el corrupto sexenio de Juan Manuel Carreras López, acusada, detenida y presa por desvíar más de 23 millones de pesos del erario, se declaró culpable de los delitos, reintegró a las arcas públicas el recurso ilegalmente sustraído y obtuvo su libertad, si prospera la iniciativa del “Pecas” Torrescano, pues sin problemas Mónica Rangel podría ser candidata por cualquier partido y a cualquier cargo de elección popular, qué lamentable. ¿Qué no habrá cosas más importantes y de mayor trascendencia en San Luis para legislar que andar pensando en eso?, pero en fin…

POR cierto, el gobernador Ricardo Gallardo anunció que realizará una evaluación permanente de sus colaboradores, bien podría iniciar por el Contralor General del Estado, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, que a casi seis meses de haber sido designado en el cargo, nada más no aparece, ni sus luces, de su trabajo ni hablar, es inexistente, habiendo tanto que hacer, como por ejemplo, el caso ya comentado de Mónica Rangel, quien se declaró culpable de desviar millones de pesos del erario, ¿cuándo anunciará la inhabilitación de esta exfuncionaria?, o ¿Qué hay de las investigaciones de presuntas irregularidades en el Cobach en el sexenio pasado?, ¿ya se arregló don Sergio Arturo o le tiembla la mano?…Armando Acosta

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