Bitácora

RESULTA altamente sospechoso, que uno de los abogados que aparecen para recibir notificaciones en la demanda de amparo que solicitó recientemente la ex secretaria de Salud estatal, Mónica Liliana Rangel Martínez, Alejandro Gutiérrez Muñoz, fuera beneficiado con un contrato por más de 200 mil pesos, por servicios de honorarios, como asesor técnico jurídico administrativo en la Secretaría de Salud en octubre de 2019, cuando Rangel Martínez todavía se desempeñaba como titular de la dependencia, y no es que seamos mal pensados, pero después de conocer y documentar por años las triquiñuelas y corruptelas de Mónica Rangel, sí causa sospecha que hoy el abogado defensor de la exfuncionaria y excandidata a la gubernatura por Morena, haya sido “asesor” de la SS para “las solventaciónes(sic) de Auditorías que requieran los diferentes órganos fiscalizadores a SSSLP” según se establece en el contrato, cuya copia obra en poder de este medio…

DE bien a bien no sabemos qué trabajos de “asesoría” realizó el hoy abogado defensor Alejandro Gutiérrez, por el cual se le pagaron de nuestros impuestos más de 200 mil pesos, habrá que buscar en los archivos de la SS si hay reportes de dicha “asesoría”, cuantimás si la Secretaría de Salud estatal, entre 2018 y 2020, fue la dependencia estatal con mayor número de observaciones y monto de recursos ejercidos irregularmente, detectados tanto por la Auditoría Superior de la Federación como por la del Estado, el monto observado entre estos dos entes fiscalizadores a la SS ronda por los 800 millones de pesos, que a la fecha no se sabe qué cantidad fue solventada. Habrá que ver si efectivamente se efectuaron los trabajos de asesoría del mentado abogado, o simplemente, previsora, fue un adelanto de Mónica Rangel para lo que se venía, su defensa jurídica por los señalamientos de corrupción durante su gestión…

AYER, el Fiscal General del Estado José Luis Ruiz Contreras, desmintió que exista en su dependencia orden de aprehensión alguna contra Mónica Rangel, en tanto el gobernador Ricardo Gallardo señaló que la presunta orden de aprehensión contra la exfuncionaria era de origen federal y no estatal. En su petición de amparo, la ex titular de Salud estatal argumenta que: “Informo a esta autoridad que el día de ayer 6 de enero del año 2022, se constituyeron en mi domicilio en esta ciudad capital, dos sujetos de sexo masculino que manifestaron ser agentes de la Policía de Investigación, quienes manifestaron que tenían una orden de aprehensión en contra de la suscrita quejosa, y que debían cumplirla. De ello tuve conocimiento a través de vecinos del lugar”…

PARA abrir boca: Mónica Rangel no tiene idea de cómo se cumplimentan las órdenes de aprehensión, en ningún caso, por ningún motivo y por lógica simple, los agentes les avisan a los vecinos de los presuntos a detener a qué van; segundo, sospechosamente, un par de días antes de que la exsecretaria de Salud solicitara su amparo, circuló profusamente en varios medios electrónicos y en redes sociales una nota que indicaba una emisión de una orden de aprehensión contra la funcionaria así como su inminente detención; tercero, Rangel Martínez se amparó contra 22 autoridades locales, si efectivamente la orden de captura proviene de una entidad federal, el amparo que le otorgaron no tiene validez…

¿NO será que “el miedo no anda en burro” y que Mónica Rangel siente pasos en la azotea y ante el rumor de una orden de captura haya decidido adelantarse y solicitar el amparo?, pero independientemente de esto, la exsecretaria de Salud en tiempos del gris Juan Manuel Carreras, no sólo debería de ser juzgada por sus millonarios desvíos a las arcas públicas, sino que también se le debería de juzgar por delitos contra la humanidad, pues el dinero público sustraído ilegalmente debió de ser destinado a atender la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, se debieron de salvar vidas, de aliviar el dolor, pero prefirieron enriquecerse descaradamente a costa de la muerte de cientos de potosinos…

A ver, en enero del año pasado, fue el mes más letal de la pandemia, donde se registraron hasta 41 muertes diarias, con apenas 300 contagios, es decir, una letalidad del 15 por ciento, una de las más altas no sólo del país sino del mundo, en ese tiempo, los hospitales estaban a reventar, los médicos y demás personal sanitario caían víctimas del virus por la falta de equipo de protección, había una grave crisis de desabasto de oxígeno, se gastaron cientos de millones de pesos en presuntas compras de pruebas que nunca llegaron y por consiguiente nunca se aplicaron, esto además de corrupción, es un acto criminal por lo cual deberían de ser juzgados Juan Manuel Carreras, Alejandro Leal y Mónica Rangel, no hay más…Armando Acosta

 

 

 

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