Bitácora

TODO por su propio peso cae. Ayer, el Ayuntamiento de la capital por medio de la Sindicatura, interpuso ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la primera, de varias, denuncias penales en contra de altos exfuncionarios municipales de la administración pasada que encabezó el cínico Xavier Nava, por los delitos de fraude y uso indebido de la función pública; la demanda se deriva de las investigaciones realizadas por la Contraloría Interna que detectó a varios presuntos trabajadores adscritos a diversas dependencias que cobraban sus salarios pero no había evidencias de que asistían a laborar, es decir, vulgares “aviadores”…

LAS áreas donde se detectaron a estos “aviadores” son: la Secretaría General a cargo de Sebastián Pérez, la Contraloría Interna encabezada por José Mejía Lira, la Dirección de Recursos Humanos dirigida por Claudia Fitch Watkins, Desarrollo Económico con María Esther Velázquez Esparza y Servicios Municipales primero con Gonzalo Benavente y después con José Luis “el chato” Zamora. Tómelo bajo reserva, pero trascendió que hay una fundada sospecha de que estos “aviadores” estaban trabajando, pero en la campaña de Xavi Nava para su reelección…

EL delito de fraude está estipulado en el Código Penal de San Luis Potosí vigente, en su artículo 223 Fracción X, que dice “quien realiza o celebra un acto jurídico, convenio, contrato, acto o escrito judicial simulados, con prejuicio de otro o para obtener un beneficio indebido, el otorgar contratos y pagarles con recursos públicos a varios individuos para que trabajen en una campaña política, es un evidente fraude y la pena a quien o a quienes lo cometan, según el mismo Código Penal dice: “Cuando el valor de lo defraudado exceda de mil quinientas veces el valor de la unidad de medida de actualización, se impondrá una pena de ocho a doce años de prisión y sanción pecuniaria de ochocientos a mil días del valor de la unidad de medida y actualización mínimo”…

DEL delito de ejercicio ilícito de las Funciones Públicas, en el Capítulo III del Código Penal estatal, Artículo 323 fracción IV, dice: “quien teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública estatal o municipal centralizada, por cualquier acto u omisión”. En la Fracción VII dice: “Otorga empleo, cargo o comisión públicos, o celebre contratos de prestación de servicios profesionales, mercantiles o de cualquier otra naturaleza, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio para el que se nombró, o no se cumplirá el contrato otorgado”…

EL Artículo 324 establece las penas: “Se impondrá una pena de tres a siete años de prisión y sanción pecuniaria de trecientas a setecientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”, obviamente, también la destitución e inhabilitación del doble de la pena de prisión impuesta para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. De confirmar las investigaciones de la FGE en el sentido de que los “trabajadores” municipales se destinaron a colaborar en sus horas hábiles en la campaña de Xavi Nava, sin duda alguna también podría haber delito electoral. Esta denuncia penal aguará por completo la imposición antidemocrática de Xavi Nava como líder del arcaico y caduco Frente Cívico Potosino (FCP), que se realizará hoy por la mañana, ¿con qué cara Nava Palacios hablará de dignidad, honestidad y decencia?, sin su abuelo, Salvador Nava debe de estar revolcándose en la tumba, pero en fin…

“PERO qué necesidad”. A Rafael “el Chiquilín” Aguilar, le duró el gusto y el cargo de director del Archivo Histórico estatal apenas 54 días, pues ayer, después de que, en estado de ebriedad agrediera a una mujer de la Policía Vial municipal de la capital, por lo cual fue detenido y consignado ante la FGE por el delito contra servidores públicos en ejercicio de sus funciones, trascendió que había sido cesado del cargo por órdenes del gobernador. Ni hablar, está en sus genes, la oportunidad de su vida de ocupar un cargo público, aún en contra de la comunidad de historiadores, y viene a dar al traste por una parranda, en fin, es el chiquilín, ¿Y el impresentable Sergio Desfassiux, director del ICAT, para cuándo lo destituyen?, este sujeto no necesita de andar en estado de ebriedad para cometer todos los días sus tropelías y excesos, pero en fin…Armando Acosta

 

 

 

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