A inicios del 2017, el entonces gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes denunció públicamente que durante las administraciones de sus antecesores Fidel Herrera y Javier Duarte, se adquirieron y suministraron medicamentos falsos a pacientes con cáncer, incluyendo solución salina aplicada a niños como tratamiento oncológico, Yunes en la denuncia posterior ante la entonces PGR señalaba que en los gobierno de Herrera y Duarte se crearon empresas “fantasma” a las que compraron mil 800 millones de pesos en medicamentos apócrifos, en el informe sobre esta investigación, la Cofepris informó que sólo se había detectado una ampolleta de Avastin adulterada y que no había sido aplicada a ningún paciente, encontraron 21 ampolletas de Avastin sin sustancia activa, que fueron adquiridas a empresas “que no pudieron ser localizadas en los domicilios sociales que proporcionaron”, que la empresa farmacéutica que fabrica este medicamento, Roche, no reconocía a estas empresas como distribuidores autorizados
EN ese tiempo y tras conocer estas denuncias, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) aseguró que esto, además de ser un acto de corrupción, debería de ser considerado como un “crimen de estado”, claro que es un crimen de estado que funcionarios desvíen los recursos públicos destinados a aliviar el dolor de la población en adquirir medicinas apócrifas a empresas fantasma, cuantimás, cuando ya habías sido advertido de que eran proveedores “piratas”, tal es el caso que hoy os ocupa, lamentablemente en San Luis Potosí, donde Juan Manuel Carreras podría colocarse en el muro de la deshonra junto a sus compañeros de partido Javier Duarte y Fidel Herrera, veamos dijo un ciego…
CON anterioridad ya habíamos dado a conocer dos casos de compras del Hospital Central de medicamentos contra el cáncer adulterados o apócrifos, donde los fabricantes han constatado la falsedad de los productos y donde incluso se han presentado denuncias penales ante la entonces PGR, incluso varios de estos lotes “piratas” de estas medicinas fueron boletinados por la Cofepris advirtiendo a las autoridades sanitarias sobre el hecho, pero aun así fueron adquiridas por el Hospital Central…
EL nuevo caso que nos ocupa, es igual o más grave que los anteriores, se trata de la compra que realizó el Hospital Central del medicamento oncológico Meroprem, a dos empresas: Comercializadora y Proveedora Alston, Comercializadora GG y al particular Rubén Sosa González, a pesar de que la Coepris había advertido previamente que estaban involucrados en la venta de productos apócrifos y otras anomalías…
COMERCIALIZADORA y Proveedora Alston, ya había estado involucrada en ventas de medicinas apócrifas en los dos casos anteriores, por lo que la Coepris advirtió al Hospital Central que además de la falsificación de productos, se había detectado que la empresa no contaba con la licencia sanitaria ni el aviso de funcionamiento como proveedor, del segundo vendedor, el particular Julio Rubén Sosa González, además de que también no tenía licencia sanitaria se descubrió que el domicilio fiscal proporcionado era una vivienda particular donde nadie conocía al mentado proveedor…
EL documento de la investigación señala que desde mayo del 2019 “ya se le había notificado (al Hospital Central) que los proveedores no tenían la autorización sanitaria ni la licencia para comercio al por mayor de medicamentos”, y que no eran proveedores “legalmente establecidos”, para ser más claros: la Coepris concluye que de los productos adquiridos a Comercializadora y Proveedora Alston “se presume que se trata de un medicamento falsificado”, del proveedor Rubén Sosa “no es un proveedor legalmente establecido, y sobre la Comercializadora GG “Carece de confiabilidad como proveedor”, entonces ¿cómo es posible que el Hospital Central, por tres años, haya adquirido medicamento adulterado y falsificado, a empresas fantasma, a proveedores irregulares, cuando los lotes de productos se habían boletinado por la Coepris y cuando con anterioridad, la Coepris había advertido al HC de las condiciones de ilegalidad de los vendedores?, esto, aquí y en China se llama corrupción, se llama no tener ni tantitia madre, se trata de la terrible descomposición de la administración de Juan Manuel Carreras, de su ineptitud, de su abulia por gobernar, de su irresponsabilidad, pues al final de cuentas él es el responsable de designar o destituir a sus funcionarios, cosa que no hizo en todo su gris y mediocre sexenio, esto es un crimen de estado, que no se debe de permitir que quede impune… Armando Acosta
