CONFIRMADO: las cuentas de Mónica Rangel en Salud, son un cochinero. No nos gusta decir, se los dijimos, pero se los dijimos, se los dijimos y se los dijimos, una y otra vez hasta el cansancio, de la terrible y escandalosa corrupción en la Secretaría de Salud, que se aprovecharon de la pandemia de Covid-19 para robarse recursos públicos destinados a aliviar la salud, evitar la muerte y proteger al personal sanitario que combatía al virus, una acción criminal que no tiene nombre ni madre, que no debe de quedar impune, que debe castigarse a quien planeó, operó y solapó este atraco en despoblado: Mónica Rangel, su jefe Carreras y el “Caco” Leal Tovías…
HACE apenas unos días, en este espacio documentamos con profundidad, las irregularidades en compras por cientos de millones de pesos de la SS, contratos opacos y desaseados otorgados por medio de adjudicaciones directas con el pretexto de la pandemia, en su gran mayoría a empresas “fantasma”, con sobreprecio y peor aún, sin evidencia de que los productos y servicios adquiridos fueran entregados. Ayer, la Auditoría Superior del Estado (ASE), en la revisión de las cuentas públicas 2020, confirma lo que hemos señalado y evidenciado durante los últimos años; los hallazgos en el “Informe Individual de la Auditoría” a los Servicios de Salud del estado, es toda una compilación, un amplio compendio de todas o casi todas las triquiñuelas e irregularidades habidas y por haber, un manual detallado de corrupción, ilegalidad, simulación y descaro…
POR ejemplo, de las 99 pólizas de compras de la fuente de financiamiento Covid-19, anexadas por la dependencia y revisadas por la ASE, en las 99 hay irregularidades como “No se tiene evidencia del control de caducidad y la recepción física, por parte del personal responsable de las clínicas y hospitales, jurisdicciones y/o unidades”, o “ No presenta la marca, especificación y características de las pruebas adquiridas, así como el registro sanitario para su seguimiento o validación”; o “ No se tiene evidencia de la recepción física de insumos médicos por parte del personal responsable o donde fue entregado, entradas y salidas de almacén tienen diferencias entre las fechas ingresadas al sistema de inventarios y las formas impresas”…
A la empresa Tangamanga Innovaciones y Negocios, -cuyo objeto social declarado en su acta constitutiva es el de “realización de proyectos y toda clase de ingeniería, estudios de diseño, remodelación, cálculo, planeación y construcción de obra civil” y la cual no se encontró evidencia de que existía en sus diversos domicilios fiscales por parte de los auditores,- los SSE le pagó 8 facturas por concepto de la compra de 48 mil 925 pruebas rápidas Covid-19 Igm-IgG, con un costo de 85 millones 129 mil 500 pesos, a mil 740 pesos cada test, obviamente adquirida a un enorme sobreprecio, pues la misma prueba rápida, también conocida como de antígenos, los laboratorios de la UASLP ofrecen aplicarla por sólo 500 pesos cada una al público en general, es decir, comparándola con las de la universidad estas pruebas tienen un sobrecosto de mil 240 pesos, un desfalco de más de 60 millones de pesos, pero lo más grave es que no hay evidencias de que este producto se haya comprado y entregado, por lo que se concatena que el robo de nuestros impuestos, sólo en esta empresa, es de más de 85 millones de pesos, para ser más claros, sí se hubieran comprado estas pruebas a 500 pesos se hubieran podido aplicar a 170 mil 259 potosinos, casi cuatro veces más que las presuntamente adquiridas, pero la realdad es que no se aplicó ninguna, ¿cuántas vidas, cuanto dolor se hubiera evitado si Mónica Rangel, en vez de robarse el dinero público, lo hubiera aplicado para lo que era?…
OTRO -de los muchos- casos de corrupción cínica y descarada, es el pago de 23 millones 249 mil 880 pesos a la Comercializadora Global del Potosí -con domicilio fiscal en la Col. Hogares Ferrocarrileros, donde se ubica un domicilio particular y cuyos moradores dijeron no saber nada de la empresa-, por la presunta compra de 150 mil litros a granel de gel desinfectante, a razón de 155 pesos por litro, una barbaridad, una ofensa a la inteligencia, el problema fue que como casi la mayoría de los productos adquiridos, no hay evidencia de su existencia, entrega y uso. Los anteriores son solo dos casos donde ambos suman la friolera cantidad de más de 108 millones de pesos, en total, las observaciones de la ASE a la Secretaría de Salud son 765 millones y representa el 73.8 por ciento del total de irregularidades detectadas al gobierno del estado, para que Usted querido lector vea la proporción del robo, el presupuesto original para la construcción del “nuevo” Hospital Central era de 750 millones de pesos, es decir, con el desvío de Rangel, Leal Tovías y Carreras, sólo en un año, se pudo haber construido otro hospital y sobrarían todavía 15 millones de pesos, ni hablar…Armando Acosta
