29-04-22

DESPUÉS de que durante décadas los mexicanos sufrimos de una democracia simulada por el entonces partido en el poder, el PRI, donde sólo era requisito que el otrora invencible te postulara para cualquier cargo de elección para ganar los comicios y tras años de reclamos sociales, la organización de las elecciones hoy tienen certidumbre, aunque a un precio muy caro. Claro que la democracia no tiene precio, pero en México exageramos. Hoy en día, miles de millones de pesos de nuestros impuestos, son destinados -incluso cuando no hay elecciones-, a nutrir a los organismos y tribunales electorales federales y estatales, donde se ha generado una burocracia dorada, onerosa y privilegiada, pero también una importante cantidad de recursos públicos se inyectan a financiar a los partidos políticos…

EFECTIVAMENTE, las elecciones de toda índole organizadas desde que se creó primero el Instituto Federal Electoral (IFE) que posteriormente se convirtió en el Instituto Nacional Electoral (INE), son efectivas y los resultados, en su mayoría, son acatados por los actores políticos, pero ¿será necesario que en un país con tanta miseria, pobreza, desigualdades y necesidades se destine tanto dinero público para las elecciones y peor aún, para financiar a partidos políticos?, ¿será necesario que mientras que millones de mexicanos viven en la pobreza extrema los señores consejeros del INE tengan una percepción bruta de 262 mil 632 pesos al mes cada uno, además de una gratificación de fin de año por 449 mil 632 pesos, además de un aguinaldo equivalente a 40 días de salario, una prima vacacional de 16 mil 345 pesos, un seguro para el retiro mensual de 10 mil a 25 mil pesos, gastos de alimentación de hasta 11 mil 790 pesos, apoyo con un vehículo y el pago del servicio de telefonía celular de hasta 4 mil pesos?…

SÓLO para el pago del aguinaldo del año en curso, el INE tienen presupuestado 258 millones de pesos para sus 16 mil 800 empleados con los que cuenta y para el salario de los 68 asesores y secretarios de los representantes de los siete partidos políticos nacionales ante el Consejo General del INE, éste destina más de 66 millones de pesos, además hay que sumar los casi 2 mil millones de pesos de presupuesto que cada año tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los casi 6 millones de pesos que los partidos políticos nacionales con registro reciben por concepto de prerrogativas, pero eso no es todo, cada una de las 58 entidades federativas del país, cuentan con un organismo público local (OPLES), es decir los organismos electorales estatales encargados de llevar a cabo las elecciones locales los cuales cuentan también con un presupuesto, por ejemplo, para este 2022, año donde no hay comicios que organizar, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), cuenta con un presupuesto de más de 300 millones de pesos, ¿para qué?, ¿quién sabe?…

POR todo lo anterior, cobra gran relevancia la “reforma democrática” presentada ayer en la conferencia matutina “la mañanera” por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que levantó polémica y polvo. Se trata una reforma constitucional en materia electoral de 18 artículos y 7 transitorios, con el objetivo, a decir de la “4T” de abaratar el aparato democrático del país, reducir el número de diputados y senadores, los plurinominales, y la creación de un nuevo órgano que supliría al actual INE, que será el responsable de todas las elecciones consultas, federales, estatales y municipales, tras la desaparición de los Organismos Públicos Locales, los mentados OPLES, como el Ceepac en el caso de la entidad potosina…

LA mentada “reforma democrática” propone crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el cual se le reducirá el número a 7 consejeros de los 11 que actualmente cuenta el INE; estos consejeros serán designados por voto popular a propuesta de los tres poderes de la unión. Desaparecerán los OPLES y Tribunales electorales locales, federalizando las elecciones, la eliminación de los diputados pluris y reducción de legisladores locales, la cámara de diputados pasará de 500 a 300 integrantes y el Senado de 138 a 96 senadores, además de la reducción de regidores municipales, el ahorro contemplado si se aprueba esta iniciativa es de alrededor de los 24 mil millones de pesos al año, dinero que puede destinarse a obras y servicios para beneficio de los mexicanos…

ADEMÁS se pide el retiro de las prerrogativas a los partidos políticos, al que se les otorgará recursos sólo para las campañas electorales; la implementación del voto electrónico, la regulación de los tiempos de radio y televisión así como la propaganda gubernamental, entre otras propuestas. Como siempre y por obvias razones los primeros opositores a esta iniciativa, son los partidos políticos, los grandes perdedores si se aprueba esta interesante propuesta, pero en fin…Armando Acosta

 

 

 

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