28-07-21

EL panorama en cuestión de seguridad en la entidad es más grave de lo que pensábamos. Ayer en este mismo espacio sobre la situación del déficit de elementos de la policía estatal para resguardar la seguridad en el estado, decíamos que la principal corporación de seguridad en San Luis Potosí cuenta con apenas mil 800 uniformados para vigilar un estado con 2 millones 822 mil 255 habitantes, según el último censo del INEGI, divididos en tres turnos son apenas 600 uniformados, lo que representa que cada uno de los policías le corresponde resguardar a 4 mil 703 potosinos. Según lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se recomienda 1.8 policías por cada mil habitantes, es decir, tenemos en la entidad potosina apenas un cuarto de los elementos de seguridad que recomienda la ONU, si bien es cierto que además de los estatales hay policías municipales y la Guardia Nacional, aun contabilizando los de estas corporaciones faltaría muchísimo personal de seguridad para resguardar al estado…

PERO no sólo hay que ver en torno a la prevención del delito, que si bien es importante, la impartición de justicia también lo es. Castigar a quienes violan la ley es primordial, pero, a decir ayer mismo por el Fiscal General del Estado que actualmente sólo hay en funciones 240 Ministerios Públicos para investigar los delitos denunciados, de los cuales 100 de ellos están dedicados a casos del sistema penal anterior y sólo 140 se dedican a trabajar en las alrededor de 45 mil querellas judiciales que al año se presentan en la Fiscalía, lo que representa que cada Ministerio Público tenga que atender un promedio de 1.3 investigaciones al día, incluyendo sábados, domingos y días festivos. Es prácticamente imposible que una averiguación previa se complemente, se investigue y se procese en tan poco tiempo, lo que provoca que la mayoría de las denuncias no prosperen por consiguiente los delitos no se castigan lo que provoca la impunidad, la reincidencia y el desorden en que hoy vivimos los potosinos…

PEOR aún, el Nuevo Sistema de Justicia Penal, por su complejidad y porosidad ha provocado al sistema penitenciario en una gran puerta giratoria, donde la mayoría de los pocos presuntos criminales salen en cuestión de horas, por múltiples motivos: una desaseada investigación desde el inicio por parte de los “primeros respondientes” elementos de corporaciones que llegan primero al lugar de los hechos debido a una capacitación deficiente y/o a la complicidad con los delincuentes, una averiguación mal integrada debido a la carga de trabajo de los Ministerios Públicos, pero también en no pocos casos, por casos de corrupción y por último, jueces sin escrúpulos que valiéndose de tantas pifias liberan a los hampones sólo “porque no se cumplió con el debido proceso”…

LOS potosinos tenemos tres grandes problemas en cuestión de seguridad: falta de prevención del delito por el terrible déficit de policías; una Fiscalía General del Estado sin el recurso material ni de personal suficiente para integrar correctamente las investigaciones y un sistema judicial que es una coladera debido al Nuevo Sistema de Justicia Penal, es decir, de los pocos delincuentes detenidos, un porcentaje muy menor recibe su castigo y es procesado, esto sin contar que una inmensa mayoría de los delitos en el país, no se denuncia, a esto se le llama “cifra negra” …

ESTA “cifra negra” según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) realizada por el INEGI en el 2020, revela que el 92.4 por ciento de los delitos cometidos en el país no se denuncian, de estas querellas sólo el 69.1 por ciento terminan en una carpeta de investigación, de estas casi el 44.5 por ciento terminan en nada, el 29.1 están en trámite, sólo el 7.5 por ciento de las víctimas recuperaron sus bienes, el 4 por ciento fue reparado en sus daños, en el 3.7 se otorgó el perdón y sólo el 3.5 por ciento el responsable del delito fue puesto a disposición de un juez, no se sabe cuántos de estos últimos fueron declarados culpables y pagan sus delitos en prisión…

POR cierto, ahora el Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera declara que solicitará 400 millones de pesos más de presupuesto para el próximo año, debido a que el 95 por ciento del recurso que recibe esta dependencia se destina al pago de salarios y prestaciones, ¿por qué tardó Federico Herrera seis años para darse cuenta del déficit presupuestal en la FGE?, ¿por qué esperar hasta el final del sexenio y su inminente renuncia al cargo para dar a conocer que no tiene dinero la Fiscalía?, en fin…Armando Acosta

 

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