TODO parece indicar que al gobierno saliente no le interesa generar condiciones de certidumbre para los desarrolladores urbanos; la Procuraduría Urbana y el Instituto Estatal de Planeación, duermen un sueño más profundo que el que provocan “las mañaneras” de
López Obrador…
MILES de potosinos esperaron por años la libertad para los constructores de vivienda, porque había créditos de Infonavit, pero no las condiciones para edificar fraccionamientos y dotar de una casa a trabajadores, que con años de sacrificio tratan de hacer lo necesario para dar techo a su humilde familia…
LA causa principal era la creación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población, que tras largos meses de estudio, gritos y sombrerazos y la milagrosa aprobación de los órganos colegiados del Ayuntamiento de la Capital, ya se encuentra vigente, y ya permite dar certeza jurídica a la planeación urbana y del territorio…
LUEGO, organizaciones civiles tales como la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, notarios públicos y obviamente posesionarios de terrenos o casas, esperaban que no sólo fuera una firma de papeles la creación de la Procuraduría Urbana, cuya existencia habría evitado grandes problemas como los que crecen como bola de nieve en comunidades y ejidos con dudosa tenencia de la tierra…
BASTA con echar un vistazo a ejidos y comunidades en el sur de la ciudad de San Luis Potosí, para encontrar centenares construcciones irregulares o incluso sin estudios de mecánica de suelos, de disponibilidad de redes de agua, drenaje y energía eléctrica, o asentadas en terrenos que fueron vendidos dos, tres, cuatro o hasta cinco veces…
NO se sabe si es dolo, negligencia, mala fe, falta de presupuesto o incluso la espera de que sea otro gobierno el que inicie la Procuraduría Urbana…
ES obvio que si una dependencia como a la Secretaría General de Gobierno -responsable de la agenda pública del Poder Ejecutivo estatal-, se enreda en sus propios argumentos para justificar la falta del órgano regulador de la planeación de la Zona Metropolitana, pone en evidencia que ni siquiera está en planes la apertura de las instancias que evitará un mayor problema futuro…
PD. Desde los tiempos inmemoriales de Jesucristo, los vendedores en la calle representan el dolor de cabeza de las autoridades y hasta de los líderes y mesías. A veces porque venden y a veces porque no, pero los ambulantes representan las cadenas más populares de suministros para los pueblos. Ellos llevan frutas, verduras, productos para la limpieza vestido, calzado, animales de compañía, entretenimiento, e incluso charlatanes y prestidigitadores, y de alguna manera movilizan su propia economía y la de aquellos que son sus clientes. A pesar de ser cadenas de suministro, todo parece indicar que pasarán años para que por fin ambulantes hagan su tarea por su lado, y el comercio establecido por el suyo. Proyectos van y vienen, y desde hace 28 años, no se conoce otro plan como el que llevó a la creación del Mercado San Luis 400, El Baratillo Carranza, el Mol de los Reyes, el Mercado Anáhuac y el Mercado Tomás Vargas. El ambulantaje creció y se reprodujo desde entonces, y nadie parece atinar a una solución duradera. Sin duda, un acuerdo definitivo de trabajo entre ambulantes y comerciantes fijos, será una tarea pendiente, con toda probabilidad de las siguientes cuatro o cinco administraciones municipales.
