10-11-23

CON esos diputados, los potosinos no necesitamos enemigos…

CORRÍA el 5 de junio de 2020, la pandemia de Covid-19 apenas arreciaba, se contabilizaban apenas mil 9 contagios y 71 decesos por el virus en la entidad, la Universidad de Washington pronosticaba que las muertes en San Luis Potosí por la enfermedad podrían llegar a los 5 mil, por cierto, se quedaron cortos los fallecimientos llegan ya hasta los 7 mil 731. La tranquilidad de esa soleada tarde fue rota por la irrupción de una ruidosa, violenta y dirigida manifestación en pleno Centro Histórico…

LA manifestación fue llevada a cabo por no más de un centenar de jóvenes encapuchados, que durante más de dos horas, en completa impunidad provocaron caos y destrucción en los principales inmuebles del Poder Ejecutivo y del Legislativo, lo siguiente es parte de esta columna del día 6 de junio de 2020: “La cita para la manifestación era para las 17:00 horas en el kiosco de la Plaza de Armas, alrededor de las 17:25 horas, un grupo de 100 jóvenes con la típica vestimenta anarquista se dirigieron a la sede de la Fiscalía General del Estado, ubicada en Eje Vial, donde arremetieron contra los cristales de ventanas y puertas, realizando pintas y lanzando consignas contra las autoridades, de ahí se encaminaron al Edificio de Seguridad Pública, aledaño a la FGE pero en el camino se encontraron con una patrulla de la Policía Municipal de Soledad -que había ido a dejar a un detenido-, a la que destrozaron y prendieron fuego”…

“ALREDEDOR de las 18:00 se dirigieron de nueva cuenta a la Plaza de Armas, donde rompieron algunos vidrios del Palacio de Gobierno, incluyendo los del despacho del gobernador, a esa hora en palacio se encontraban reunidos el secretario de gobierno, el Fiscal, el secretario de seguridad pública estatal y el jefe de la policía estatal; después los manifestantes se reunieron de nuevo en el kiosco, para encaminarse al Congreso local, donde comenzaron a realizar pintas, cerca de las 18:40, un grupo de inconformes logró romper el candado de la puerta principal e ingresaron para destrozar todo lo que encontraban a su paso y realizar pintas, el busto de bronce de Ponciano Arriaga fue arrancado de su nicho y arrastrado a la calle donde fue pintarrajeado, desde los balcones del inmueble llovían escritorios, papeles, sillas con los que los jóvenes prendieron una fogata donde quemaron una bandera que sacaron, fue hasta las 19:00 horas que llegó un contingente de elementos de la Policía Estatal que con uso excesivo de la fuerza arremetieron con todos los presentes sin discriminar, incluyendo a reporteros”…

TRAS la revuelta fueron detenidos 11 presuntos, días después sólo tres fueron consignados y el resto fueron liberados, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Rolando Hervert Lara, dijo posterior al ataque: “Dejar sin sanción a quienes atentaron contra los símbolos patrios, el busto de Ponciano Arriaga y las instalaciones del recinto legislativo, sería una señal de impunidad, que daría paso a que se repitan estos actos que definitivamente atenta contra toda la sociedad y causa indignación”, el legislador aseguró que darían seguimiento minuciosos al proceso que seguían en libertad los detenidos presuntos responsables, “se deberá de llegar hasta sus últimas consecuencias y castigar a los responsables, porque dejar sin castigo a quienes cometieron estos delitos, sería mandar un mensaje de impunidad y de falta de autoridad” concluyó…

CUATRO años después, el mismo Poder legislativo, aprobó reformar la Ley Orgánica del Congreso para facultar al titular de Asuntos Jurídicos a realizar “un acto reparatorio o suspensión condicional” en el mentado caso del ataque al Congreso, en voz del voraz e impresentable diputado panista Rubén Guajardo, actual presidente de la Jucopo, aseguró que se busca un acuerdo para que los responsables donen bienes muebles e insumos que beneficien a la sociedad, “Bajo estas condiciones es un ganar-ganar, pues gana la sociedad y gana en este caso también la parte de los imputados”, comentó el impresentable Guajardo…

ESTO es un despropósito, es correcto que el Congreso defina al funcionario un área que puede negociar con los responsables del ataque y los daños, sorprende que no hubiera una norma para esto, pero bueno ya la hay, pero ¿por qué permitir, fomentar y perdonar el vandalismo de unos cuantos, a cambio de “bienes muebles e insumos”, el sistema penal acusatorio obliga a los culpables de delitos a reparar el daño, pero además hubo agravios a la sociedad, quemaron papelería oficial, quemaron la efigie de Ponciano Arriaga y casi queman una bandera?. Pero en fin, como siempre, diputados grises, voraces e ineptos…Armando Acosta

 

 

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