Buscan extraditar a G. García Luna

[ AP ]

Ciudad de México.- México no solo logró que Estados Unidos devolviera al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, para ser investigado por fiscales mexicanos, sino que ahora también quiere procesar al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien enfrenta un juicio en Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico.

Un funcionario federal dijo el domingo a The Associated Press que la Fiscalía General de la República emitió el viernes una orden de captura contra García Luna y que ahora “se está valorando la viabilidad de iniciar un proceso de extradición a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

El funcionario, que pidió el anonimato por no estar autorizado a formular declaraciones públicas, agregó que la orden de captura contra García Luna es por enriquecimiento ilícito de casi 28 millones de pesos, más de 1,3 millones de dólares.

García Luna fue secretario de Seguridad Pública desde fines de 2006 a 2012 en el gobierno del expresidente Felipe Calderón y se le consideró uno de los hombres clave en la guerra contra el crimen organizado que se inició durante esa administración. Fue arrestado en diciembre de 2019 en Texas y actualmente está preso en Nueva York.

En octubre, el juez Brian Cogan, de la corte del distrito este de Nueva York, le leyó los cinco cargos que enfrenta ahora después de que un jurado investigador lo declarara culpable de nuevos delitos y el mexicano se declaró inocente.

García Luna era el exfuncionario mexicano de más alto cargo capturado en Estados Unidos hasta la detención en octubre de Cienfuegos, en un hecho totalmente inesperado que indignó al gobierno mexicano porque las autoridades estadounidenses no les habían informado al respecto.

Uno de los nuevos cargos que pesa contra García Luna en la corte neoyorquina es el de pertenencia a una empresa delictiva, con agravantes por tráfico de 5.000 kilogramos de cocaína en 2008, 42.000 kilogramos en 2007 y otras tres operaciones en el 2002 y 2003.

También se le acusa de asociación delictiva para obtener, distribuir e importar cocaína y de haber mentido en el 2018 a las autoridades fronterizas estadounidenses al decir que jamás había cometido un crimen.

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