Buscan a agresores de ataque a caravana

[ El Universal ]

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) —integrada por 86 organizaciones en 23 estados del país— se sumaron a la exigencia de investigar la agresión armada contra una caravana que entregaba ayuda humanitaria a tzotziles de Aldama, donde fue lesionada de un balazo la religiosa María Isabel Hernández Rea, de 52 años.

Los obispos y organizaciones pidieron castigo legal contra los responsables y que se sancione, desarme y desarticule a grupos de “corte paramilitar” de Chenalhó, a quienes se responsabiliza de los ataques que han causado desplazamientos forzados en esa región de los altos de Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) difundió un documento donde los obispos Gustavo Rodríguez Vega, presidente de la comisión para la Pastoral Social y Cáritas Mexicana; José de Jesús González Hernández, titular de la Dimensión de Pueblos Originarios y Afromexicanos; y Julio César Salcedo Aquino, presidente de la Dimensión para la Vida Consagrada, expresaron su indignación y rechazo por los recientes hechos violentos.

“Como pastores y acompañantes de procesos pastorales comprometidos con la dignidad de las personas, nos indigna que hechos (como el registrado el pasado miércoles en Aldama) sigan amenazando la vida y la paz de los pueblos”, expusieron. Manifestaron su “profunda consternación” por el ataque armado donde fue herida Hernández Rea, agente de pastoral de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, quien continúa hospitalizada, aunque estable de salud. “Una caravana humanitaria que entregaba ayuda a familias de comunidades indígenas desplazadas por la violencia fue atacada por un grupo armado que portaba armas de alto calibre”, precisaron. Los obispos demandaron al gobierno esclarecer el ataque armado pues, de no hacerlo, “favorecerán la continuación de condiciones que dañan la comunalidad de los pueblos”.

Además se solidarizaron con las demandas del obispo Rodrigo Aguilar Martínez y de la feligresía en la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que exigen crear condiciones para establecer la paz, aclarar el hecho y garantizar un ambiente de seguridad para agredidos y las comunidades. La Red TDT solicitó el cese de las agresiones contra Aldama y un alto “al contexto de violencia e impunidad”.

Afirmó que el Frayba ha denunciado constantes agresiones armadas que mantienen a tres mil 499 personas “en desplazamiento forzado”. Entre marzo de 2018 y el 19 de noviembre de 2020, la organización ha documentado 997 agresiones en las que han resultado heridas 29 personas y otras seis han muerto. “Es indignante la impunidad, la violencia armada y el desplazamiento forzado en esa región; se trata de un síntoma de la discriminación estructural e institucional que se ejerce en el país contra las comunidades originarias”, agregó.

La Red llamó al gobierno a realizar acciones efectivas para el cese de las agresiones, así como investigar la autoría material e intelectual de los ataques, aprehender a los responsables y desarticular a “los grupos de corte paramilitar” de Chenalhó. Otra demanda es habilitar una mesa de diálogo para generar una ruta de trabajo que atienda y resuelva la situación. Esa mesa, enfatizó, deben estar conformada por representantes de la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones de la sociedad civil que acompañan a las comunidades tzotziles de Aldama.

Marcar el Enlace permanente.

Comentarios cerrados.