En libertad, ladrones de cajero enfrentarán sentencia

Redacción

[San Luis Hoy]

TAMASOPO.- Tras la resolución del Juez de Control respecto a siete personas implicadas en el robo de un cajero automático ocurrido la madrugada del pasado 12 de septiembre de 2020, en la localidad Agua Buena del municipio de Tamasopo, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que los señalados fueron sentenciados a cuatro años y seis meses de prisión, entre los que se encuentran dos hombres que se desempeñaban como elementos de la Policía de Investigación (PDI).

En la audiencia de procedimiento abreviado, los implicados identificados como Ismael “N” de 50 años y Edwin “N” de 47 años, además de Erasto “N” de 35 años, Edgar “N” de 36 años, Mauricio “N” de 48, Erick “N” de 47 años y Nahim “N” de 38 años, aceptaron su responsabilidad en los hechos, por lo que litigadores de la Delegación Séptima obtuvieron el fallo condenatorio en su contra, así como la reparación del daño a la institución bancaria y el pago de la sanción pecuniaria correspondiente.

La defensa de los sentenciados solicitó la suspensión de la pena conforme lo marca el Sistema de Justicia Penal, determinando el Poder Judicial que los hombres reúnen los requisitos que establece el Código Penal del Estado, así como la Ley de Ejecución Penal, con lo que obtuvieron su pre liberación; estableciendo las condiciones que deberán cumplir durante el periodo de suspensión.

Como se recordará, estas personas ahora sentenciadas fueron detenidas en flagrancia en el ejido Estación 500 perteneciente a Ciudad Valles mientras trasladaban el artefacto bancario, por lo que fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien los llevó ante la autoridad judicial, quedando vinculados a proceso y en prisión preventiva.

Una vez que pasó el plazo de las investigaciones complementarias, los detenidos aceptaron su responsabilidad y se fueron a un procedimiento abreviado con la determinación ya señalada.

Ahora tendrán que cumplir con las condiciones que les impuso el Juez de Control, y de no hacerlo se les revocaría la situación legal que se les impuso.

Un octavo detenido por esos hechos lleva por separado otro proceso penal.

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