“Tren Maya violenta derechos y garantías”

(El Universal)

Cancún, QR.- Un promedio de 160 colectivos indígenas, organizaciones civiles e integrantes de la academia, además de casi un centenar de personas en lo particular, se pronunciaron en contra del mega proyecto “Tren Maya” al considerar que, en su avance, “se han atropellado los derechos y garantías de la población y se ha violentado el Estado de derecho”, además de carecer de una evaluación integral que descarte impactos ambientales irreversibles a causa de la obra.

En un extenso documento dirigido a la opinión pública, critican también la “inoportuna” gira que realiza el presidente de la República, Andrés Manuel López, por Quintana Roo y Yucatán; mañana por Campeche, pasado por Chiapas y después por Tabasco, para dar el banderazo al inicio de las obras del proyecto “en medio del momento más crítico de la pandemia de la Covid-19”.

En su escrito citan el estudio elaborado por un grupo de 30 científicos convocados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para determinar el impacto del Tren Maya en los territorios donde se planea su construcción.

Ese y otros estudios, establecen que el “Tren Maya” propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de 23 Áreas Naturales Protegidas en Quintana Roo, como Yum Balam, Manglares de Nichupté, Uaymil y las Reservas de la Biosfera de Sian Ka’an; y Calakmul, en Campeche, ambas patrimonio de la Humanidad, así como de siete Regiones Terrestres Prioritarias y de 11 Regiones Hidrológicas Prioritarias, “a tal grado que podría convertirlas en áreas biológicamente inhóspitas”.

La carencia de una evaluación ambiental integral del proyecto impide conocer el impacto que tendrán, no sólo las vías férreas y la operación del Tren sobre el suelo kárstico (poroso y permeable) de la Península de Yucatán, sino de las nuevas ciudades o polos de desarrollo que forman parte del megaproyecto.

Otro aspecto mencionado son los riesgos para la identidad cultural y posible mercantilización de la propia cultura indígena; la violación al derecho a la tierra y los mecanismos de financiamiento que no favorecen a los propietarios de las parcelas en los polos de desarrollo, así como la sobre-densificación del corredor turístico Cancún-Tulum, que actualmente ya es un problema.