Revés a la legalidad en San Luis

Opacidad, corrupción e inseguridad deterioran Estado de Derecho

Jaime Hernández

[San Luis J¿Hoy]

Corrupción, inseguridad y un deficiente marco regulatorio son los factores que minan el estado de derecho en San Luis Potosí, y que provocaron que en la más reciente medición del World Justice Project, el estado retrocediera en su calificación.

La institución dio a conocer ayer su Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, en el que, de inicio, señala que en el país, “el fortalecimiento del Estado de Derecho sigue siendo un tema pendiente”.

Agrega que las situaciones de violencia, corrupción, e impunidad que afectan a millones de mexicanos son testimonio de la insuficiencia de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las normas que lleven una organización efectiva de la sociedad y el gobierno.

El estudio mide ocho indicadores: límite del poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

La mayor calificación del índice es un punto, pero ninguna entidad logró alcanzarla. La máxima calificación fue la de Yucatán, con .46. Esta situación presenta a los estados “retos persistentes en las diferentes dimensiones del Estado de Derecho”.

En el caso de San Luis, el estado logró una calificación de .38 puntos, una décima por debajo de la media nacional y la décimo tercer peor calificación. Once estados sufrieron retroceso en su calificación, con respecto a la edición de 2018, San Luis Potosí bajó 0.1 punto su calificación y descendió tres sitios.

Por lo que toca a los indicadores, sólo en uno de ellos, el de derechos fundamentales, como la ausencia de discriminación, libertad de expresión y religiosa y derechos laborales, el estado superó la mitad de la tabla, ubicándose en el sito once.

En los siete restantes, el estado está por debajo de la media nacional.

Las peores calificaciones se registraron en el rubro de ausencia de corrupción, donde logró .34 puntos, con evaluaciones reprobatorias en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos de seguridad y procuración de justicia. Ocupó el lugar 21.

El estado tampoco tuvo calificaciones buenas en los rubros de orden y seguridad (.34 puntos), donde ocupó el sitio 19, y el cumplimiento regulatorio (.34 puntos), que le dio el lugar 22 y en el apartado de gobierno abierto, que mide la transparencia, sumó .36 puntos, quedando en el sitio 23.