Presentan dos nuevas denuncias vs. Bartlett

[El Universal]

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos nuevas denuncias fueron interpuestas por presuntas irregularidades en su declaración patrimonial y de conflicto de intereses de Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras una investigación hecha por el periodista Carlos Loret de Mola y publicada en EL UNIVERSAL.

Con estas nuevas denuncias ya suman tres -dos ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y una ante la Fiscalía Anticorrupción- contra el funcionario federal.

Este martes por la mañana, la senadora Xóchitl Gálvez acudió a la sede de la SFP para interponer una denuncia contra el también exgobernador de Puebla, en la que acusó que la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, debió investigar las presuntas irregularidades en las propiedades del titular de la CFE.

“Hay una inconsistencia en las propiedades de Manuel Bartlett (…) Presenté esta denuncia por la omisión que hizo el titular de la CFE, al declarar los bienes a nombre de su pareja o esposa y de sus hijos.

“Después, la propia secretaria [Irma Eréndira Sandoval] lo exculpa diciendo que las propiedades las había adquirido en el tiempo que no era funcionario.

“Cuando tú haces una declaración patrimonial lo tienes que hacer al momento actual y con todo lo que tienes, lo hayas comprando cuando eras del sector privado o funcionario o desempleado. Justamente, ¿para qué se hace? Para ver cómo evoluciona tu patrimonio, para ver qué adquiriste o de dónde lo tienes”, comentó.

La exalcaldesa de Miguel Hidalgo indicó que la existencia de las irregularidades en las declaraciones patrimoniales por un posible conflicto de intereses “ya se está volviendo una costumbre en la 4T, porque no es la primera vez, es el segundo o tercer caso que se presenta en el gabinete”.

Una hora más tarde, un grupo de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) se presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción donde interpusieron una denuncia contra Manuel Bartlett; además, solicitaron investigar todas las declaraciones patrimoniales.

Los senadores del blanquiazul Xóchitl Gálvez, Víctor Flores Solís y Juan Antonio Martín del Campo, así como los diputados Ernesto Ruffo Apple y Marcela Torres Peimbert afirmaron que “el buen juez por su casa empieza, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que comprobar que tiene un compromiso contra la corrupción”.

“¿Qué es lo que tiene que hacer [la Fiscalía Anticorrupción]?, pues revisar el origen de esos recursos, cuáles son las empresas que posee, las utilidades que ha generado y de dónde salió la posibilidad de comprar un patrimonio de más de 800 millones de pesos.

“Habrá que revisar [también las] cuentas, más ahora que la Unidad de Inteligencia Financiera [UIF] anda muy activa, pues podría echarle un ojo a las cuentas desde los años 80 hasta la actualidad.

“Esto es lo que hicimos el día de hoy en seguimiento a una investigación. Creemos que ahora la autoridad tiene la obligación de hacer lo propio”, manifestaron.

El lunes pasado, Función Pública informó que tras una denuncia anónima presentada ante esa dependencia federal se había abierto una investigación en atención a una acusación recibida a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), la cual, indicó, se realizará “de forma rigurosa, imparcial y apegada a la legalidad”.

La SFP informó también que una vez concluidas las etapas del proceso, dará a conocer los resultados de la investigación.

Esto ocurre luego de que el columnista de El Gran Diario de México Carlos Loret de Mola publicó que Manuel Bartlett y su familia han construido un “imperio inmobiliario” con 23 casas de lujo, las cuales están ubicadas en las zonas más exclusivas del valle de México.

Según la investigación, Bartlett Díaz declaró ante la SFP una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones de pesos; sin embargo, el reportaje detalla que su fortuna es 16 veces más grande -sólo en propiedades-. También agrega que el director de la CFE ha obtenido 25 propiedades (23 casas y dos terrenos) por medio de familiares, empresas y presuntos prestanombres, con un valor aproximado de más de 800 millones de pesos.