Arrancan, con ilegalidad, el Sistema Anticorrupción

Jaime Hernández

[San Luis Hoy]

Sin contar con el número de votos exigidos para nombrar al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y sin cumplir con varios puntos de la normatividad vigente, cuatro de los siete integrantes del Órgano de Gobierno del SAE le otorgaron a Juan Ramón Infante Guerrero, presidente “provisional” del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del SEA, esas funciones a fin de que “realice las gestiones de asignación presupuestal” de la secretaría.

Lo anterior fue acordado desde el pasado 28 de mayo de este año, de acuerdo a las actas de la reunión, que fueron publicadas hasta el 16 de junio en el Periódico Oficial del Estado.

Previo al otorgamiento de atribuciones de secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SEA, quedó instalado su Órgano de Gobierno, trámite que estaba pendiente desde la emisión de la Ley Estatal del SEA, emitida en marzo de 2017.

Dicho órgano, según la ley, está constituido por el presidente del CPC, que lo encabeza, y por los titulares de la Contraloría del Estado , la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, la Auditoría Superior del Estado (ASE), de la Fiscalía Estatal Anticorrupción (FEA), del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) y un representante del Poder Judicial del Estado (PJE).

Sin embargo, Infante Guerrero es presentado en las actas como “presidente provisional” del CPC, un órgano que lleva años paralizado por el desacuerdo entre sus integrantes. La ley tampoco prevé esa figura.

Pese a ello, la declaratoria fue aprobada sólo por cuatro de los siete integrantes de ese órgano. Además de Infante Guerrero, a la reunión asistieron, y votaron el punto Gabriel Rosillo Iglesias, contralor estatal, Paulina Sánchez Pérez, presidenta de la CEGAIP y Juan Ramiro Robledo Ruiz, titular del TEJA.