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EL Mando Único parece serlo sólo de nombre, en el caso de tres de los principales municipios del Estado de San Luis Potosí, donde las alcaldías perredistas de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí y la presidencia municipal panista de Rioverde, se niegan a coordinar actividades de seguridad con la federación y el Estado…

SE trata de municipios donde la incidencia delictiva es muy alta y en algunos casos se atribuye a los propios miembros de la policía, que desde su cargo realizan actividades a favor de la delincuencia, con todos los medios a su alcance y su experiencia operativa, para ser parte de una fórmula ya evidenciada por autoridades de procuración de justicia, por hacer daño a otros grupos delictivos o a personas inocentes…

EL alcalde de Rioverde, simplemente no hace caso a la coordinación policial y por su decisión, poner su grano de arena para impedir que los cuerpos policiales unidos puedan desarrollar tareas de orden público y controlar la inseguridad, para asegurar la paz y tranquilidad que tanto necesita ese municipio de la Zona Media…

SUS oficiales hacen su tarea de acuerdo a lo que considera que son sus atribuciones, y policías estatales y federales trabajan en lo suyo, también haciendo su labor sin contar con la participación de los oficiales contratados por la alcaldía…

EN el caso de la capital potosina, la situación es similar, porque las fuerzas municipales trabajan por su cuenta y son honrosas las excepciones de oficiales que por alguna causa desarrollan tareas complementarias de resguardo del orden público, en conjunto con sus homólogos estatal y federal…

PARA el caso de la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez, la situación es aún más preocupante…

UN evento de pase de revista de oficiales de Soledad parecía más bien mostrar la ofensa que resintieron personas ligadas al gobierno municipal en turno y a la alcaldía de la capital por el operativo del Mando Único, en busca de oficiales infiltrados en la delincuencia organizada…

SI bien es cierto que una imputación a policías debe realizarse una vez armado un proceso de investigación, lo cierto es que aún no se ha definido si los oficiales señalados por el Ministerio Público son responsables o no, y los gobiernos perredistas de la capital y Soledad, debieron apoyarse en su partido político para traer diputados federales que vinieran a reclamar al gobierno estatal el operativo para buscar oficiales que no hacen bien su trabajo. Llama la atención que es un partido político que pide no partidizar el tema de la seguridad pública…

SIN duda, muy grande fue el enojo de las alcaldías perredistas por el operativo para buscar miembros de la delincuencia organizada en la policía de Soledad. Tanto, que la cúpula perredista y diputados locales de ese partido acudieron a “leerle la cartilla” al Gobierno del Estado.

MIENTRAS, la cooperación policial está ausente, hay desconfianza y ninguno de los niveles de gobierno ha reparado que tanto las alcaldías metropolitanas como el gobierno estatal han minimizado los efectos de la delincuencia organizada, cuando ambos niveles de gobierno han fallado en sus operativos para vigilar mejor la ciudad.

PD. Y de la pobre y sufrida Soledad de Graciano Sánchez resurgió un personaje que desde el inicio de la administración actual de Ricardo Gallardo Juárez en la capital potosina, se ha convertido en un activista del movimiento gallardista. Es el ex simpatizante del navismo Rafael Aguilar Fuentes, alias “El Chiquilín”, quien protagonizó una pelea con oficiales de la Policía Vial que si hacían bien su trabajo, y trataba de convencerlos de no aplicar una multa a una joven que circulaba en sentido contrario en la avenida Francisco Martínez de la Vega. “El Chiquilín” ofendió a los oficiales y los acusó de “no estar con Gallardo”. Es un acto de prepotencia muy peligroso, si se considera que la ciudadanía además de soportar a la delincuencia, tiene que cargar con el peso de personajes como éste, que quería impunidad para una persona que infringía el orden público.